Rodrigo Salinas: «Las medidas de Bolsonaro concentraron el mercado audiovisual»

El resultado de las PASO en Argentina y las expresiones sobre la posibilidad de eliminar el INCAA, del candidato más votado, Javier Milei, llevaron a mirar qué había sucedido en países de la región en los que recientemente se ungieron gobernantes con posturas radicalizadas. Lógicamente, la experiencia reciente de Brasil, con Jair Bolsonaro como Presidente, quedó al tope de la lista para analizar.

Tanto en campaña como ya en gestión, el ahora ex presidente Jair Bolsonaro anunció que buscaría afectar de diversas maneras la industria audiovisual brasileña, la de mayor magnitud de la región. Eso podría haber significado políticas que inyectasen nuevo vigor a ese mercado, pero, a juicio del abogado especializado Rodrigo Salinas, ocurrió justamente lo opuesto.

El propio Bolsonaro, a poco de asumir, anunció que iba a imponer un filtro sobre ANCINE, el órgano rector del audiovisual de ese país: «Si no puede tener un filtro, extinguiremos ANCINE. La privatizaremos o la extinguiremos».

Salinas es un abogado especializado en propiedad intelectual y derecho digital, receptor de permanentes consultas por parte de productoras de diferente tamaño en Brasil. Salinas reside en San Pablo, donde es uno de los socios de CSQ Advogados, estudio especializado en consultoría jurídica dentro del sector de medios de comunicación y entretenimiento.

En diálogo con Mercado Audiovisual, Salinas, antes de referirse a la gestión cultural del bolsonarismo, recordó que ya en 1991 el presidente Fernando Collor de Mello había cerrado la agencia que fomentaba la producción de cine en ese país. En parte ese es el antecedente sobre el que se monta Bolsonaro. Según Salinas, el primer problema que tuvo el ex militar ante la posibilidad de suprimir ANCINE fue que el andamiaje legal que sostenía la institución era muy robusto y para llevar su idea adelante, necesitaba hacerlo por medio de una ley que aprobase el Congreso.

Rodrigo Salinas: Si Bolsonaro tenía esa idea iba a tener que eliminar por medio de varias leyes no solo la Agencia sino también las normas que regulan los incentivos que maneja ANCINE, entonces, frente a la dificultad para obtener el apoyo legislativo, eligió el camino de la asfixia administrativa. En ese sentido, durmió muchas medidas e incluso demoró mucho tiempo para cambiar la dirección de ANCINE, que contiene un colegio de cuatro directores nombrados por el Senado de Brasil.

-¿De qué otra manera llevó a cabo ese proceso de asfixia?

RS: La Agencia quedó paralizada durante bastante tiempo sin dar respuestas a numerosos actores del mercado audiovisual brasileño que es muy activo. Comenzó a demorar la liberación de fondos, aprovechando incluso la pelea entre ANCINE y el Tribunal de Cuentas, que es el que revisa las cuentas del Gobierno. La pelea venía desde el Gobierno de Dilma Rousseff cuando se tomó una medida para acelerar las verificaciones de las cuentas de las producciones audiovisuales. Ya en 2018, el Tribunal de Cuentas paralizó ANCINE. Los de Dilma y Lula fueron gobiernos que liberaron muchos recursos para financiar numerosos proyectos. Esa velocidad que se había conseguido con el gobierno de Dilma, se paró en seco con Bolsonaro.

De acuerdo con lo marcado por Salinas, otra de las medidas del gobierno de Bolsonaro en pos de trabar el financiamiento de las producciones fueron normativas más restrictivas que dificultaban y ralentizaban la aprobación de proyectos. De esa manera, las barreras administrativas lograban un estado de quietud «en expansión»: «Ahí notamos que se agilizaba la aprobación de los proyectos de acuerdo con su temática, lo cual es totalmente ilegal. También se demoró la conformación de la comisión que evaluaba los proyectos, buscando la extinción de la misma».

Por otro lado, Salinas enfatizó que durante la pandemia, el Congreso brasileño aprobó dos leyes para subdividir la cultura: «Ambas leyes preveían una inversión de dos billones de reales, pero su aplicación dependían del gobierno de Bolsonaro, que no hizo nada. Recién ahora están siendo liberados esos fondos que debían ser inyectados por los gobiernos estaduales. Se aprobó la ley pero no se la implementó».

-¿Qué consecuencias tuvo?

RS: El gobierno de Bolsonaro buscó una especie de destrucción de la máquina administrativa por dentro. No es casual, porque justamente esa estructura administrativa es la que hace que la máquina funcione. La producción audiovisual independiente prácticamente se extinguió durante esos años. Fueron saliendo del mercado.

-¿Y qué resultados generaron estas acciones?, ¿Concentración?

RS: Sí, por supuesto. Aparte, justo coincidió con el inicio de la financiación por medio de las plataformas en Brasil. Era algo que con un poco más de volumen había arrancado en 2016. Luego, coincidió con la paralización de ANCINE por su pelea con el Tribunal de Cuentas y las posteriores medidas de Bolsonaro. Entonces, quedaron las productoras mayores y las mediana que tenían acceso a los financiamientos de las plataformas. En cambio, las que dependían de la financiación pública salían del mercado y el mercado audiovisual comenzó a perder su dinamismo.

-¿Esto afectó la cantidad, diversidad y calidad de las producciones?

RS: Sí. En el caso de nuestros clientes eso quedó en evidencia, todo se hizo más difícil y engorroso. En 2018 casi la totalidad de nuestros clientes manejaban fondos públicos. A partir de 2019, ninguno. Todo se concentró en las plataformas. En este momento, mientras conversamos se está dando el proceso inverso, ya que están solicitando recursos públicos porque, entre otras cosas, las plataformas no están financiando como antes.

-¿Fue por negligencia o primó un deseo de romper el sistema y no de mejorarlo?

RS: Había un deseo de destrucción de las instituciones culturales y de todo lo que pueda estar relacionado con la subvención de los artistas. Negligencia es una cosa, pero lo que hubo fue un deseo de destrucción.